Ley de cambio climático: implicancias para la agricultura familiar

Resumen: 

Desde abril el Perú cuenta con una Ley Marco sobre Cambio Climático vigente. ¿Toma en cuenta a los agricultores familiares?

Contenido Desarrollado

En abril  el presidente Vizcarra promulgó la Ley 30754 o Ley Marco de Cambio Climático tras cinco años en que no fue posible llegar a un consenso para su aprobación en el Congreso. [i] Contar con una Ley de cambio climático es importante porque sienta las bases para la institucionalización de la gestión climática en el país,  de modo que no dependa de la voluntad política de las autoridades y funcionarios de turno, y que cada sector y nivel de gobierno tenga responsabilidades claras alineadas con una Política de Estado que permita que el país esté preparado para enfrentar el cambio climático.  Para lograr esto no basta con promover la implementación de medidas de adaptación y mitigación aisladas, se requiere superar la desarticulación -y muchas veces la contradicción- entre las políticas climáticas y otras políticas de inversión y desarrollo, estableciendo un entorno habilitante; asegurar que la planificación se refleje en los presupuestos, y garantizar que las necesidades de los más vulnerables, como agricultores familiares, pueblos indígenas y mujeres, sean priorizadas.

A continuación revisaremos los puntos que consideramos positivos o cuestionables en la Ley, así  como los vacìos que deberían ser abordados en el Reglamento, especialmente sus implicancias para la agricultura familiar.  Tomaremos como base para este análisis la agenda climática pendiente identificada en la Tercera Comunicación Nacional del Perú ante la CMNUCC[ii], la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (PLANGRACC-A). para determinar hasta qué punto la Ley contribuye a avanzar con la agenda pendiente. [iii]


Enfoques y principios

En la Ley se incorporan principios y enfoques que de ser aplicados contribuirían a que las poblaciones más vulnerables, especialmente los agricultores familiares, mejoren su resiliencia ante el cambio climático e incluso puedan aprovecharlo en algunas circunstancias. Destacamos la incorporación del principio de prevención, o los enfoques de mitigación y adaptación basados en conocimientos tradicionales, en cuencas hidrográficas, y en ecosistemas, así como la planificación territorial y la gestión de riesgos climáticos. Sin embargo estos principios y enfoques son declarativos y no muestran mayor desarrollo en la Ley. Esperamos que en el Reglamento se resuelva este vacío. Entre las disposiciones que podrían incorporarse está la priorización en los instrumentos de planificación y presupuestos para promoción de infraestructura natural, restauración y protección de suelos, tratamiento integral de cuencas y revalorización de conocimientos tradicionales. 

Institucionalidad y Gobernanza

La Ley define las responsabilidades de la Autoridad Nacional (Ministerio del Ambiente-MINAM), las autoridades sectoriales y las autoridades regionales y locales. Pero la Ley y el “borrador cero” de Reglamento asigna responsabilidades sólo a entes que responden a demarcaciones administrativas que no se corresponden con el enfoque de cuenca que debería prevalecer en relación al cambio climático. Así no se considera ningún rol para los consejos de cuenca o las mancomunidades que articulen las partes altas y bajas de las cuencas, lo cual puede obstaculizar la implementación  de iniciativas de retribución por servicios ecosistémicos. El Reglamento podría subsanar este vacío.

En el caso del MINAM llama la atención que en la Ley y el documento Cero del Reglamento no se haya  explicitado su rol como ente rector en materia de cambio climático, con lo cual se relativiza su rol directriz transectorial y descentralizado en esta materia. El MINAM no es el encargado de implementar directamente las políticas de cambio climático (salvo en las que son competencia de su sector). Los otros sectores y los gobiernos subnacionales son los encargados de la implementación, por lo que es esencial que el MINAM cuente con facultades para garantizar el cumplimiento del marco normativo vinculado al cambio climático.  Al no ejercer explícitamente el rol de rectoría, se corre el riesgo que su liderazgo sea desafiado por otros sectores que impulsen políticas incoherentes con las metas climáticas y no hay garantía de que se cumpla con las metas que el propio Estado peruano se ha impuesto, pues deja en libertad a los sectores y gobiernos subnacionales para decidir qué acciones implementar, las cuales pueden ser insuficientes.

Otro de los temas en la agenda climática pendiente identificada en la Tercera Comunicación Nacional se refiere a la necesidad de que las diversas instituciones definan líneas de acción claras para enfrentar el cambio climático en sus instrumentos de gestión. En la Ley esto ha sido incorporado [iv] y es importante porque actualmente la inclusión del cambio climático en los instrumentos de planificación sectorial y subnacional dependen de la voluntad política de las autoridades y funcionarios que muchas veces no tienen conocimiento o no prestan importancia a estas políticas y consecuentemente no las implementan.  Con la promulgación de la Ley ahora existe la obligación de incorporarlos, sobre todo porque la norma también determina que los instrumentos de gestión climática son de obligatorio cumplimiento.  Esto podría ayudar a que en el sector agrario se avance con la implementación de programas y planes específicos para la adaptación en el sector agrario como el PLANGRACC, o planes que incorporan esta temática, como el Plan Nacional de Agricultura Familiar, que actualmente no cuenta con respaldo político para su implementación.

Sin embargo, Incluso en el caso de que haya voluntad política para implementar las políticas climáticas,  los pequeños agricultores enfrentan barreras que no pueden superarse con una sola política, pues requieren un enfoque integral que vaya más allá de las tecnologías y tome en cuenta factores sociales, culturales, económicos y políticos. Por ejemplo, los agricultores familiares tiene insuficiente acceso a servicios de extensión y asesoría técnica que les permita implementar medidas de adaptación y mitigación apropiadas; y falta de incentivos o ayudas que faciliten que puedan cubrir los costos de las medidas a implementarse.

La Ley redefine la gobernanza del Cambio Climático al establecer la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático  como un nuevo espacio de toma de decisiones en esta materia. Este espacio sería exclusivo para entidades del Ejecutivo. En esta Comisión donde se elabora  la propuesta de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

El espacio de concertación vigente -la Comisión Nacional de Cambio CLimático- también es ratificada en la Ley,  pero se enfatiza su rol consultivo de seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas y los compromisos climáticos. Este espacio actualmente no desarrolla todo su potencial por el desinterés de las entidades que lo integran, cuya ausencia en la mayoría de sesiones de la Comisión impide que siquiera se alcance el quorum.  En el Reglamento podría fortalecerse el rol de la CNCC disponiendo que sea presidida por la presidencia de la República o un delegado, como se dispone en las Leyes de Honduras o  Guatemala. Asimismo, debe reforzarse su composición, garantizando  el equilibrio en la representación de los sectores e intereses respectivos.

A nivel subnacional, se han identificado nudos críticos y barreras para la gestión del cambio climático relacionadas con un marco político débil para la acción frente al cambio climático; insuficiente información climática, limitadas competencias en los cuadros técnicos profesionales de las regiones; inexistencia  los canales establecidos para que los actores no estatales puedan exigir acciones concretas; falta de financiamiento y pocos esfuerzos articulados frente a la vulnerabilidad ante al cambio climático [v] La Ley y su Reglamento disponen la obligación para los gobiernos regionales y locales de incorporar medidas de adaptación y mitigación en sus instrumentos de gestión, pero eso no es suficiente para superar las limitaciones señaladas. Por ejemplo, es necesario superar el encasillamiento de la gestión del cambio climático en las dependencias encargadas de la gestión de recursos naturales en los gobiernos subnacionales.. Debe involucrarse a otras gerencias o direcciones, principalmente Planeamiento,  Desarrollo Económico y  Social; Infraestructura;

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con énfasis en las vinculadas a actividades priorizadas en la ERCC. En este sentido, llama la atención que en la Ley no se recoge una práctica que ha probado ser efectiva para avanzar en una gestión concertada del cambio climático, como son las Unidades Operativas Regionales de Cambio Climático que agrupan a diversas gerencias de los GOREs; o los consejos regionales de cambio climático con participación tanto de los entes públicos regionales como los actores no estatales, que hagan seguimiento de la implementación de las ERCC.  También sería necesario aclarar la vinculación del Consejo Regional de Cambio Climático con la Comisión Ambiental Regional.

A nivel de gobiernos locales el Reglamento debería referirse específicamente a las Comisiones Ambientales Municipales y reforzar su rol en la gestión del cambio climático, con la formación de un grupo de trabajo a su interior que aborde  el seguimiento y propuestas a las políticas locales de cambio climático relacionadas con competencias municipales en planificación ordenamiento y acondicionamiento territorial, vivienda, transporte, áreas verdes, gestión de residuos entre otras, y articular su accionar con las direcciones y gerencias locales  y  las instancias de concertación general  como el Consejo de Coordinación Local.

Por otro lado, nos llama la atención que el objeto de la Ley se refiere a la gestión de las  medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y no se mencionan las condiciones habilitantes para su implementación, que sí son reconocidas como esenciales en la Tercera Comunicación. Un enfoque centrado solo en las medidas de adaptación y mitigación conlleva el riesgo de que se conviertan en una “lista de lavandería” sin relación entre sí ni con el entorno social, económico, cultural, político y ecológico, con lo que se perdería el enfoque integral en la Ley.

Instrumentos de gestión

La Tercera Comunicación Nacional indica que uno de los retos de la Agenda Climática pendiente es asegurar la continuidad en el tiempo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las Contribuciones Nacionales. Con la aprobación de la Ley se ha avanzado en este desafío, pues se dispone que la Estrategia Nacional y Regional de Cambio CLimático, las Contribuciones Nacionales y otros instrumentos de gestión climática son de cumplimiento obligatorio para las autoridades competentes, debiendo ser considerados en sus presupuestos institucionales”  Además los instrumentos de planificación públicos y los proyectos de inversión (públicos y privados) sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental “deben concordar y complementarse con los instrumentos de gestión ambiental para el cambio climático”.  De implementarse esta disposición sería un paso para superar las frecuentes contradicciones entre las políticas climáticas y algunas políticas sectoriales que las menoscaban y también la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios en todos los niveles de gobierno que no asignan presupuestos.  En el Reglamento sería recomendable especificar que el Ministerio del Ambiente presentará un informe anual a Contraloría sobre la implementación de los instrumentos de gestión del cambio climático, que sirvan como insumo para auditorías de cumplimiento anuales.


Medidas de adaptación y mitigación

La Ley prioriza en las medidas de adaptación, “el uso eficiente del agua en las actividades industriales y mineras; el ordenamiento territorial y ambiental; el desarrollo de ciudades sostenibles; y la prevención y gestión de riesgos climáticos”. Respaldamos estas prioridades, pero advertimos que no se hace mención a otras prioridades que se incluyen en la Estrategia Nacional de Cambio CLimático y las Contribuciones Nacionales, como la agricultura -reconocida como una de las actividades más vulnerables- la pesca o la salud. Esto debería ser subsanado en el Reglamento, de lo contrario se corre el riesgo de que las acciones priorizadas por los sectores y gobiernos subnacionales no estén alineados con las identificadas en los principales instrumentos de gestión climática (ENCC y CND), desprotegiendo así a las poblaciones y medios de vida más vulnerables.

Si bien en el caso de la agricultura esta subestimación es subsanada parcialmente al disponerse en la Ley que el Ejecutivo emita un plan de acción para promover la seguridad alimentaria “priorizando la atención de la producción agropecuaria de mediana y pequeña escala, a fin de aumentar la resiliencia frente a riesgos y desastres en el país”, sería más efectivo que en el Reglamento se mencione expresamente al sector agrario -particularmente la agricultura familiar- entre las prioridades de adaptación, señalando responsabilidades para los sectores involucrados.

Otro tema intrínsecamente relacionado con la adaptación que no ha sido suficientemente destacado en la Ley es la gestión de riesgos de desastres. El Perú estaba quedando rezagado a este respecto en comparación con  otros países de la región. Por ejemplo, Chile cuenta con un Plan de adaptación al cambio climático para la infraestructura. [vi]   Si bien es un acierto que en la Ley peruana se incluya el riesgo climático y vulnerabilidad en la evaluación de los proyectos de inversión públicos y privados, para que realmente se pueda “blindar” la infraestructura ante el cambio climático se requiere usar proyecciones climáticas basadas en modelos y escenarios  como insumo para el diseño de los proyectos de inversión, y estos modelos son escasos. Se requerirá inversión significativa para crear una base de información climática que pueda ser usada los los proyectos de inversión. En la gestión de riesgos y en la adaptación al cambio climático también convendría dar mayor relevancia a la  Infraestructura natural o verde -con medidas como reforestación, conservación de humedales, entre otras- que puedan complementar o incluso reemplazar, en algunos casos, a las obras de infraestructura «gris». La infraestructura natural puede reducir la exposición física ante eventos climáticos extremos, es menos costosa y conlleva beneficios en la lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida.

En relación a las medidas de mitigación otra vez encontramos que la agricultura y la gestión del agua para riego no son mencionadas entre las prioridades en la Ley, pese a que tanto la Estrategia Nacional de Cambio Climático como las Contribuciones Nacionales sí las reconocen como prioridad.  Esperamos que esto sea subsanado en el Reglamento. Cabe recordar que la agricultura es la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y representa representa el 15,2 % del total. y está fuertemente relacionada con la primera fuente de emisiones que es Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura que suma el 51% de las emisiones. [vii] 

Las medidas de mitigación en la agricultura tienen un alto potencial de beneficios colaterales de productividad y  adaptación -algunas de ellas -como recuperación de pastizales  altoandinos, mejora de pastos cultivados, o manejo sostenible de cultivos de café y cacao, o sistemas de secas intermitentes  para el arroz- ya están siendo evaluadas para ser incluidas en las Contribuciones nacionales, pero hay otras medidas con gran potencial como la conservación y ampliación de bofedales altoandinos que son importantes para la mitigación del cambio climático debido a su capacidad de secuestrar carbono en forma de turbera de musgos[viii]  o la reducción del desperdicio de alimentos, considerando que la pérdida y el desperdicio de alimentos a nivel mundial generan anualmente cerca de 8% de la emisión antropogénica total de GEI [ix] En el Perú el desperdicio de alimentos se traduce sobre todo en las pérdidas de alimentos post-cosecha, y las medidas para reducir estas pérdidas -según un estudio reciente- podrían lograr una reducción total en las emisiones de GEI de 2.03 Mt CO2eq. [x]

Educación, ciencia, tecnología e innovación

Destacamos la importancia de incorporar el enfoque de  gestión de riesgos climáticos en la Política y el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA). Se requiere reforzar la enseñanza de temas medioambientales y específicamente sobre cambio climático en la currícula escolar. Pero la enseñanza teórica debería complementarse con la práctica, con la implementación en los centros educativos de tecnologías validadas de adaptación y mitigación. Los agricultores familiares y la sociedad civil han desarrollado experiencias adaptadas a las características de las diversas regiones que deberían darse a conocer a las nuevas generaciones. Estas iniciativas deberían estar incorporadas en la currícula.

La Ley encarga tanto a la Autoridad Nacional (MINAM) como a los sectores y gobiernos subnacionales que desarrollen estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación e investigaciòn científica. Señala además que se deben considerar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.  Consideramos positivas estas disposiciones, pero para que las investigaciones se basen en evidencia es necesario contar con información de base - meteorológica e hidrológica, edafológica, de biodiversidad, entre otras-  que para la mayoría de zonas del país es insuficiente y está desactualizada. Hasta la década de 1980 la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) se dedicó a realizar  inventarios y evaluaciones de recursos naturales, estudios de suelo y planes de ordenamiento ambiental en diversas zonas del territorio del peruano. [xi] Sin embargo, la ONERN fue desactivada y  sus funciones asumidas por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y posteriormente por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Pero ninguna de estas entidades cubrió el vacío dejado por ONERN y muchas investigaciones actuales siguen basándose en información de hace 30 años. Es esencial actualizar los estudios que elaboraba ONERN, priorizando las zonas más vulnerables al cambio climático.

Otra barrera para la investigación es la insuficiente cobertura de estaciones meteorológicas e hidrológicas que permitan hacer un monitoreo en tiempo real de la variabilidad climática, lo cual  es esencial para la gestión de riesgos de desastres, y contar con series de datos a lo largo de varias décadas que permitan estudiar las tendencias del cambio climático. Actualmente Senamhi cuenta con una red de cerca de mil estaciones meteorológicas, pero su distribución en el territorio nacional es desigual y muchas de las estaciones no están funcionando, como puede comprobarse en el Mapa del estaciones del Senamhi en Internet [xii]   Al respecto, Ken Takahashi, actual presidente ejecutivo del Senamhi, indica "siempre hay limitaciones presupuestales que impiden que puedan hacer visitas de supervisión y de mantenimiento”, indica. [xiii].  Uno de los problemas consiste en que el mantenimiento de las estaciones se financia con proyectos de inversión pública individuales, lo cual no facilita contar con un flujo de dinero constante para esta tarea.  Por esto sería recomendable atender esta necesidad a través de programas presupuestales [xiv] como gasto corriente.

Respecto a la priorización e incorporación de conocimientos tradicionales  de pueblos indígenas en la investigación sobre cambio climático, la Ley y el borrador cero del Reglamento disponen que las autoridades competentes los consideren en las agendas de investigación y el desarrollo de capacidades para la transferencia de tecnologías.   En el Perú  se están desarrollando acciones de promoción de los conocimientos tradicionales desde varios sectores y es necesario vincularlas.  Sin embargo, no basta con contar con políticas que promuevan la revaloración de estos conocimientos. Algunas políticas gubernamentales pueden borrar los avances y llevar a su pérdida, como en el caso de las políticas agropecuarias impuestas, la estandarización de la producción impulsada por los mercados, o las amenazas a la integridad territorial de las comunidades por la promoción de megaproyectos de inversión. Por esto, es esencial que el marco legal y de políticas de nivel nacional se desarrolle y estructure para respaldar un rol proactivo de los pueblos indígenas, afirmando su papel como proveedores de conocimiento climático y garantizando el financiamiento de sus actividades.

Asimismo, es necesario aumentar el porcentaje de financiamiento que dedican a los conocimientos tradicionales los fondos públicos para la investigación como FONDECY y el FINCYT que gestiona Concytec [xv] o en la investigaciones que desarrollan las universidades públicas que reciben fondos del canon.

Transparencia, acceso a la información y participación

El acceso libre a la información sobre cambio climático es esencial para que la sociedad civil pueda cumplir con su rol de vigilancia del cumplimiento de los compromisos climáticos del país y también para que puedan complementar las acciones del Estado. Consideramos un avance que la Ley disponga que todos las autoridades competentes deben establecer mecanismos para el intercambio de información, la consulta y el diálogo. Sin embargo, nos preocupa el art.11 de la Ley que establece que la participación de los actores no estatales se rige conforme a la Ley 29785, Ley de Consulta Previa. Esta norma solo puede aplicarse a pueblos indígenas, con lo que el derecho a la participación de otros actores no estatales quedaría “en el limbo”.  En el Reglamento debería especificarse que  que la Participación ciudadana debe ser en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; y otras normas e instrumentos Internacionales que garantiza el Derecho a la Participación.

Respecto a la transparencia, la Ley dispone que las autoridades competentes, y los organismos públicos y privados que reciben y administran recursos financieros destinados a la implementación de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático rinden cuentas ante los órganos de control horizontal y la ciudadanía. Esto es positivo aunque podría presentar dificultades en su aplicación a entidades privadas. En el Reglamento debería especificarse la obligación de

 
Financiamiento

La distribución del presupuesto para cambio climático muestra que la prioridad no ha sido la atención de las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Según indica la Tercera Comunicación nacional, entre 2005 y 2013 se asignaron USD 1,245 millones a la gestión del cambio climático, de los cuales USD 755 millones corresponden a mitigación, USD 239 millones a la adaptación y USD 251 millones a iniciativas conjuntas de adaptación y mitigación. Según estas cifras, la adaptación recibe solo un tercio de los recursos totales, pese a ser reconocida como la prioridad por el Estado peruano. Pese a esta constatación, sólo hay una disposición en la Ley (art. 23.4) que podría contribuir a subsanar este desequilibrio al establecer que son prioritarios los recursos destinados a poblaciones vulnerables como mujeres o  pueblos indígenas, pero el “documento cero” del Reglamento no precisa nada al respecto.

Pero no solo es insuficiente la priorización de los recursos para adaptación. Tampoco se ha incorporado en la Ley la creación de un fondo específico para atender la gestión del cambio climático, como sí se ha hecho en otras leyes en la región. En Guatemala su Ley crea un Fondo que prioriza el financiamiento de  planes, programas y proyectos de gestión de riesgos, vulnerabilidad y adaptación forzosa en los cuales se deberá emplear como mínimo el 80% de los recursos totales del Fondo. En México también se creó un Fondo que prioriza la adaptación con los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país. 

La Ley peruana sólo dispone que los administradores de fondos comuniquen al Ministerio del Ambiente los resultados de sus acciones de adaptación y mitigación. Pero esto no ayuda a reducir la dispersión e insuficiente articulación de los mecanismos de financiamiento. Solo en el sector agricultura existen fondos como AGROIDEAS, PROCOMPITE,  FONDOEMPLEO, Sierra Azul o Agrorural que pueden contribuir a la adaptación y mitigación pero es necesario establecer lineamientos para que prioricen el enfoque del cambio climático en las iniciativas que financian. Las organizaciones indígenas han solicitado la creación de un Fondo  Indígena/Originario  climático[xvi] ,  para  implementar  sus iniciativas. Siendo positiva esta propuesta, consideramos que también debería crearse un Fondo climático debe financiar iniciativas comunitarias, locales y de la sociedad civil.

La Ley también dispone la creación de fondos de garantía para la inversión en energías renovables y limpias, seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, investigación, desarrollo tecnológico e innovación en adaptación al cambio climático. La propuesta permitiría implementar acciones que difícilmente son financiables actualmente por su alto riesgo, pero sería necesario preparar guías y lineamientos para garantizar que los beneficiarios sean los grupos más vulnerables.

A nivel subnacional  existen otros instrumentos  financieros  como el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, con los que podría incentivarse la inversión pública relacionada a cambio climático. SIn embargo, es necesario incorporar la priorización de metas relacionadas al cambio climático en los lineamientos de este programa y otros instrumentos.

También es necesaria la aprobación de normas complementarias a la Ley 30754 como la Ley de Ordenamiento Territorial o la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas que aún no logran ser aprobadas en el Congreso. Esperamos que exista en el Congreso la voluntad política para aprobar estas normas que facilitarían la implementación exitosa de la Ley Marco de Cambio CLimático

 


[ii] Minam (2016) Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático El Perú y el Cambio Climático

[iv]En el caso de los sectores estos instrumentos son: el Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo institucional y programas presupuestales. En el caso de los gobiernos regionales son el Plan Territorial,Plan de Desarrollo Concertado Regional y Local, Plan Estratégico Institucional, programas presupuestales e instrumentos de gestión

[v] Minam (2016) op.cit.

[vii] MINAM (2016) op. cit.

[viii]Instituto de Montaña.  Restauración de Humedales Alto-Andinos https://mountain.pe/investigacion/restauracion-de-humedales-alto-andinos/

[ix] FAO (1016)  Food wastage footprint & Climate Change http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf

[x]Vázquez-Rowe, I., Larrea-Gallegos, G., Villanueva-Rey, P., & Gilardino, A. (2017). Climate change mitigation opportunities based on carbon footprint estimates of dietary patterns in Peru. PLoS ONE, 12(11), e0188182. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0188182

[xi] Ver la COlección ONERN en línea en: http://repositorio.ana.gob.pe/handle/ANA/220

[xiii] La República.  Senamhi requiere US$ 80 millones para nuevas estaciones meteorológicas”. https://larepublica.pe/sociedad/1300185-senamhi-requiere-us-80-millones-nuevas-estaciones-meteorologicas

[xiv] Libelula (2012) Documento de balance en relación a la gestión del cambio climático en el país. Tercer producto: Informe final del servicio.

[xv] Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica FONDECYT. y Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología FINCYT

[xvi] Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas/Originarios  sobre la ley 30754 y el reglamento de Cambio Climático. https://ia801506.us.archive.org/8/items/1a.Siete00IIResumenProptasLeyRgmtoCC3.8.1812/1a.%20Siete%20%2000II%20%20Resumen%20Proptas%20Ley%20Rgmto%20CC%203.8.18%20(1)%202.pdf

 

 

Fecha de publicación: 
2018-09-06 00:00:00
Temas: 

País

Perú

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